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Tasadoras inmobiliarias: La polémica está servida.

La Comisión Nacional de la Competencia (CNC) ha anunciado la apertura de un expediente sancionador a la patronal del sector.

El organismo regulador investiga a la Asociación Profesional de Sociedades de Valoración (Atasa) por la posible fijación de precios, de forma directa o indirecta, o de condiciones comerciales o de servicio. En concreto, ha decidido abrir un expediente a porque ha visto “indicios racionales” de “prácticas anticompetitivas”, aseguraba en un comunicado.

Atasa cuenta con algunas de las tasadoras más fuertes de España como Tasamadrid, Valmesa y Valtectic que, junto a Sociedad de Tasación y Tinsa, que no forman parte de la patronal, controlan más del 50% del sector en España. Además, entre los asociados también figura un importante número de sociedades en manos de entidades financieras: como Tasamadrid (Caja Madrid), Servatas (BBK, Kutxa y Caja Vital), Tasagalicia (Novacaixagalicia, Caja Madrid), LKS Tasaciones (Caja Laboral), VTH (La Caixa), Tabimed (CAM). Así como la tasadora del Colegio de Arquitectos de España, Arquitasa.

Atasa aseguraba que la decisión de Competencia “es un error y que en breve rectificará”, al tiempo que ha insistido en que sus asociados, “de ninguna manera pactan precios sino que trabajan libremente con sus tarifas”.

El papel de las tasadoras en el funcionamiento del mercado inmobiliario español es clave. De sus tasaciones depende no sólo que el banco o la caja de turno den luz verde a una hipoteca, también determinarán la cantidad de dinero que concederán al comprador para financiar la adquisición de un inmuebles sea éste vivienda u otro activo inmobiliario.

En pleno cerrojazo hipotecario, las tasadoras están siendo denunciadas a la Asociación para la Defensa de los Usuarios de Bancos, Cajas y Seguros (Adicae) y la Organización de Consumidores y Usuarios (OCU).
Detrás de estas acusaciones subyace la importante presencia que bancos y cajas siguen teniendo en este sector. En 2009, las tasadoras relacionadas con entidades de crédito realizaron más del 40% de las tasaciones, porcentaje que se redujo al 21% en 2010 después de que Tinsa, la mayor tasadora de España por facturación y cuyos accionistas eran la CECA, Caixa Nova, Bancaja, Caja Granada y CCM, fuera adquirida en julio en el verano pasado por el fondo de capital riesgo Advent.

Sin embargo, de las 57 entidades registradas actualmente en el Banco de España, una docena están participadas por entidades financieras, fundamentalmente cajas de ahorros. Sólo dos tienen detrás a un banco: Sivasa, del Banco Santander, y Tasaciones Hipotecarias de BNP Real Estate, consultora inmobiliaria filial de BNP Paribas. Esta última también está asociada a Atasa.

Ante este aparente control, la pregunta surge por sí misma: ¿Pueden el banco o la caja imponer la tasadora que valorará el inmueble? En teoría, no, aunque en la práctica, según algunas fuentes consultadas, se produce en ocasiones.

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¿2.011-2.012?

Resumen simplificado de lo que se espera en este periodo: Disminución de las ventas de viviendas y retroceso de la actividad en el mercado no residencial.
El número de viviendas iniciadas descenderá hasta las 100.000 unidades, mientras que las viviendas terminadas se situarán sólo en torno a 180.000.
Estas son algunas conclusiones del estudio Sectores publicado recientemente por DBK, primera empresa española especializada en la elaboración de estudios de análisis sectorial y de la competencia.

Según DBK, las previsiones para el mercado inmobiliario apuntan a una prolongación de la actual situación de muy baja actividad en el mercado residencial.
De este modo, se esperan nuevos descensos de los precios de la vivienda nueva y un mantenimiento del stock de viviendas sin vender.

Además, los inmuebles comercializados por la banca se benefician de condiciones de financiación favorables y buena parte del stock de viviendas, tanto nuevas como usadas, se encuentra en la actualidad en manos de bancos y cajas de ahorros.

En el mercado terciario se espera asimismo una evolución desfavorable, aunque persistiendo también la tendencia a la baja de los precios de alquiler en prácticamente todas las tipologías de inmuebles, en un contexto de descenso de la inversión empresarial y del gasto público.


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